Argentina refuerza el control sobre infraestructura aeroespacial y apunta a frenar la injerencia tecnológica de China
El Gobierno del presidente Javier Milei adoptó una medida clave en materia de defensa nacional y soberanía tecnológica. A través de la Resolución 151/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dispuso que el Ministerio de Defensa deberá intervenir de manera obligatoria en todos los proyectos relacionados con radares, observatorios y sistemas aeroespaciales que se instalen en territorio argentino.
La resolución establece que ningún proyecto podrá avanzar sin la evaluación previa del Ministerio, que deberá determinar los potenciales riesgos, usos duales o implicancias estratégicas de las instalaciones. En otras palabras, se busca impedir la instalación de infraestructura extranjera —como antenas o estaciones de observación— que pueda tener fines militares o de inteligencia, más allá de su fachada científica o civil.
Según fuentes del propio Ministerio de Defensa, actualmente hay cuatro proyectos bajo revisión, de los cuales dos son de origen chino, uno estadounidense y otro europeo. El caso más sensible es el del Radiotelescopio Chino-Argentino (CART), en San Juan, que se encuentra en su etapa final de construcción y enfrenta demoras por trabas aduaneras.
Aunque el proyecto fue presentado como una cooperación científica entre la Universidad Nacional de San Juan, el Conicet y la Academia China de Ciencias, organismos nacionales e internacionales han advertido que el equipamiento podría tener capacidad de recolección de datos sensibles, comunicaciones de largo alcance y otros posibles usos militares.
El antecedente más inquietante es el de la base espacial china en Neuquén, instalada durante los gobiernos kirchneristas, la cual está operada directamente por el Ejército Popular de Liberación (EPL). Beijing firmó entonces un acuerdo que le garantizaba 50 años de exención impositiva y, según múltiples informes, el acceso de autoridades argentinas al sitio ha sido limitado o prácticamente nulo, despertando sospechas de espionaje y vigilancia satelital sobre el continente.
La nueva resolución de Milei busca evitar que se repitan este tipo de situaciones. El texto oficial advierte que “el control y resguardo de los ámbitos estratégicos reviste especial sensibilidad para la soberanía y la seguridad nacional” y que el Estado debe preservar su “capacidad de autodeterminación” frente a posibles amenazas externas.
Esta decisión se enmarca además en el nuevo alineamiento diplomático del gobierno argentino con Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha reiterado su preocupación por el avance tecnológico y militar de China en América Latina. Washington ha advertido que Beijing utiliza acuerdos científicos o comerciales para establecer puntos de apoyo estratégicos en la región, particularmente en sectores como las telecomunicaciones, la minería y el espacio.
Fuentes cercanas al Ministerio de Defensa indicaron que la medida “no es contra ningún país en particular, pero sí busca asegurar que toda infraestructura sensible quede bajo supervisión soberana y control nacional efectivo”.
En un contexto global donde las potencias compiten por el dominio de la información y el espacio, la Argentina comienza a trazar una línea clara: la defensa del territorio, el control de sus recursos tecnológicos y la protección de su soberanía ya no pueden quedar a merced de los intereses de Pekín ni de ningún otro actor extranjero.
