Argentina refuerza controles a extranjeros: cómo es la reforma migratoria del gobierno de Milei

La semana pasada, el presidente argentino Javier G. Milei anunció una reforma migratoria destinada a profundizar los controles sobre la inmigración en el país. Según un comunicado oficial de la Presidencia, la medida busca garantizar que los extranjeros que ingresen a Argentina no representen una carga para el sistema de recursos públicos ni tengan antecedentes penales que afecten la seguridad nacional. Este anuncio ha generado debate, aunque algunos expertos señalan que la reforma retoma políticas migratorias previas.
Detalles de la reforma migratoria
La reforma, que entró en vigencia el 14 de mayo de 2025, establece que los extranjeros que deseen residir en Argentina deberán demostrar que no poseen antecedentes penales en su país de origen ni en otros donde hayan vivido en los últimos cinco años. Además, se les exigirá probar su solvencia económica para evitar que dependan de los recursos estatales, conocidos como «los impuestos de los pagadores de impuestos argentinos», según el comunicado oficial.
El texto también destaca que, en los últimos 20 años, han ingresado al país 1.7 millones de extranjeros, lo que representa un aumento significativo de la población extranjera. Aunque reconoce que muchos han contribuido al desarrollo del país, subraya que otros han cometido delitos o dependen de servicios públicos, lo que ha generado preocupación en el gobierno de Milei.
Entre las medidas concretas, se autoriza a universidades nacionales a establecer aranceles para estudiantes extranjeros de grado y se endurecen los requisitos para acceder a la ciudadanía argentina. Por ejemplo, se priorizará la reconstrucción de la economía nacional para los ciudadanos argentinos, dificultando el acceso a la ciudadanía a aquellos que no cumplan con los nuevos criterios de residencia y solvencia.
Un dato relevante es que, según el comunicado oficial, la atención médica gratuita a extranjeros le cuesta al Estado argentino 114 mil millones de pesos al año, un gasto que el gobierno considera insostenible en el contexto de la crisis económica actual. Por ello, se ha limitado el acceso de extranjeros a servicios públicos como la salud y la educación gratuita, priorizando a los ciudadanos argentinos.
Reacciones y perspectivas
La reforma ha sido bien recibida por algunos sectores que consideran que el endurecimiento de los controles migratorios protegerá los recursos del país y garantizará mayor seguridad. Sin embargo, también ha generado críticas entre organizaciones de derechos humanos y grupos de inmigrantes, que argumentan que estas medidas podrían dificultar la integración de comunidades extranjeras que han contribuido históricamente al desarrollo de Argentina.
El presidente Milei, en su discurso, enfatizó que «la ley debe ser igual para todos» y que no se permitirá que «la ciudadanía sea un trámite exprés» para aquellos que no respeten las normas del país. Asimismo, el comunicado oficial destaca que estas medidas buscan equilibrar la apertura histórica de Argentina a la inmigración con la necesidad de proteger los intereses nacionales en un contexto de reconstrucción económica.
Por otro lado, el gobierno asegura que estas medidas no cierran las puertas a la inmigración, sino que establecen reglas claras para quienes deseen radicarse en Argentina. Sin embargo, el alcance y los efectos de esta reforma aún están por verse, en un país que históricamente ha sido un destino clave para migrantes en América Latina.