Argentina modifica normativa de reconocimiento de refugiados, mientras Brasil espera la extradición de 63 bolsonaristas

Mientras que el gobierno de Brasil espera un gesto político de Argentina respecto a la orden de extradición de 63 refugiados de la oposición brasileña, el gobierno argentino emitió el Decreto 942/2024, que introduce modificaciones clave en la normativa sobre el reconocimiento de refugiados.

La medida establece que no se reconocerá la condición de refugiado a personas extranjeras involucradas en delitos internacionales, como crímenes contra la paz, delitos de guerra o crímenes contra la humanidad, definidos conforme a los instrumentos internacionales aplicables. Además, no se otorgará el estatus de refugiado a quienes hayan cometido graves delitos comunes fuera del país de refugio antes de ser admitidos en Argentina.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y varios miembros del gabinete, también postula que no se reconocerá la condición de refugiado a quienes hayan participado en actos contrarios a los fines y principios de las Naciones Unidas, tales como actividades terroristas o violaciones graves de derechos humanos.

El conflicto con Brasil por los exiliados bolsonaristas se intensifica, ya que varios de ellos han solicitado asilo en Argentina. La diplomacia brasileña ha estado en contacto con el Tribunal Federal de Brasil, que emitió la orden de extradición y la remitió a la Embajada de Brasil en Argentina. El gobierno brasileño confía en que la Casa Rosada avance en el proceso judicial, aunque la diplomacia argentina maneja el tema con extrema cautela.

Desde Argentina, los bolsonaristas aseguran que son inocentes y desconocen las condenas, negando haber cometido delitos el 8 de enero en el asalto a los 3 poderes y han pedido al gobierno de Milei que garantice su asilo y resguardo, argumentando ser perseguidos políticos.

Otro punto clave del decreto es la cesación de la condición de refugiado, detallada en el artículo 11 de la Ley Nº 26.165. La condición de refugiado cesará cuando la persona refugiada se haya acogido voluntariamente a la protección del país de su nacionalidad, haya recobrado su nacionalidad, o haya adquirido una nueva nacionalidad y disfrute de la protección de su nuevo país. Sin embargo, se hace una salvedad en casos en los que persistan razones imperiosas que justifiquen el temor a persecución.

El decreto también aborda la necesidad de ajustar el sistema de refugio a las nuevas realidades globales, como el terrorismo internacional y la proliferación de armas de destrucción masiva. Argentina, como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), tiene la responsabilidad de implementar medidas para combatir el financiamiento del terrorismo.

Finalmente, el decreto subraya que Argentina ha sido víctima de dos atentados terroristas, en 1992 contra la Embajada de Israel y en 1994 contra la AMIA, lo que refuerza la necesidad de implementar medidas firmes ante las amenazas terroristas. El gobierno argentino ha incluido en su Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET) a organizaciones como Hamas y Hezbollah.

Hechos del 8 de enero

Si bien todos los medios de comunicación reportaron incidentes causados el 8 de enero por manifestantes pro Bolsonaro, Ezequiel Silveira, uno de los abogados de ASFAV, una asociación de víctimas y familiares del 8 de enero de 2023, relató otra versión de los hechos. El abogado dijo que los daños y la invasión a los 3 poderes fue perpetrada por infiltrados, es decir vándalos contratados para hacer esa tarea sucia.

Asimismo, comentó que el día 9 de enero de 2023, varias familias estaban haciendo otra protesta pacífica frente a un cuartel militar pidiendo recuento de los votos y la policía llevó secuestrados a aproximadamente 2000 personas, quienes fueron tratados de forma inhumana, incluso uno de ellos perdió la vida en reclusión. Los cargos que enfrentan, sin un proceso justo, son por «intento de golpe de estado», a pesar de que la mayoría no había estado en las manifestaciones del día anterior y muchos eran ancianos, de acuerdo a lo comentado por el abogado.

Actualmente, varios presos políticos siguen encerrados en cárceles o bajo arresto domiciliario, enfrentando penas de hasta 17 años de prisión, mientras que otros pidieron asilo político en Argentina y Paraguay, sin la posibilidad de regresar a su país natal.