Argentina: denuncian a presidente Fernández por «sedición» y «traición a la patria»

El domingo 25 de diciembre, el presidente argentino, Alberto Fernández, fue denunciado por parte de la oposición bajo los delitos de “sedición” y “traición a la patria”, luego de que se negara a acatar el fallo de la Corte Suprema que lo obliga a entregarle fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Patricia Bullrich, la presidenta de Propuesta Republicana (PRO), escribió en su cuenta de Twitter: “Desobedecer el fallo de la Corte Suprema es desobedecer el orden constitucional ¡Tienen que ir presos! Con (los diputados nacionales) Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet presentamos una denuncia por el delito de sedición y traición a la Patria”.

Bullrich publicó el documento que presentó ante la Justicia argentina demandando al jefe de Estado y a otros 18 gobernadores provinciales del país que apoyaron la decisión de Fernández.

El viernes 23 de diciembre Alberto Fernández y otro grupo de funcionarios de su entorno, también fueron denunciados por la exdiputada y líder de la Coalición Cívica -otra facción de la oposición-, Elisa Carrió, junto a legisladores de su bloque acusándolo de los delitos de alzamiento, desobediencia judicial, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Nueva denuncia pide la inhabilitación para ejercer cargos públicos

La denuncia del domingo apunta a la inhabilitación para ejercer cargos públicos de los funcionarios denunciados, por desacatar el fallo judicial.

“Las personas denunciadas incurrieron en una usurpación de funciones que implica un grave atentado contra el orden democrático, lo que, conforme al artículo 36 de la Constitución Nacional, implica la nulidad de sus actos”, remarcó la denuncia de 11 páginas.

“Esos actos deben ser sancionados con las penas previstas para los traidores a la patria, es decir, la inhabilitación perpetua de sus autores para el ejercicio de cargos públicos”, agrega el escrito.

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El origen de la denuncia: los fondos a Ciudad de Buenos Aires

La controversia por los fondos comenzó en 2020, cuando el gobierno de Fernández recortó los ingresos (coparticipación) que debe enviar a Buenos Aires, por concepto de distribución de los impuestos que el Fisco recauda.

En respuesta, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, acudió a la Corte Suprema. El pasado miércoles 21 de diciembre la justicia argentina le dio la razón y dictaminó que el Poder Ejecutivo restituya a Buenos Aires el 2,95% de los fondos de la denominada coparticipación federal.

De acuerdo a la sentencia, el gobierno local debe recibir 180.000 millones de pesos argentinos (equivalentes a 997 millones de dólares) por parte del Ejecutivo, adicionales a los que ya percibe actualmente.

En respuesta, el presidente Fernández desconoció el fallo de la Corte Suprema, considerándolo de «imposible cumplimiento» porque la distribución de recursos para el año que viene ya esta plasmada en el Presupuesto 2023 y no contempla la suma que impone el fallo.

Como Larreta se perfila como uno de los potenciales candidatos para presidente de la oposición en las próximas elecciones de 2023, el oficialismo apunta a que el dinero se utilizará para financiar su campaña política.

En una entrevista televisiva, al ser consultado por el conductor del programa sobre si el máximo tribunal “le quiere financiar la campaña a Rodríguez Larreta”, Alberto Fernández respondió, entre risas: “No sé si es ese el objetivo, no sé si está en su ánimo, pero lo va a lograr”.