Argentina expone el lado oscuro del alquiler de vientres: cuando los bebés se convierten en mercancía
Esta red trataba a los recién nacidos como simples objetos de contrato, listos para ser rechazados si no cumplían las “condiciones pactadas”.
Una investigación judicial en Argentina destapó una red internacional de gestación subrogada —también conocida como alquiler de vientres— que operaba mediante redes sociales y estaría vinculada a prácticas compatibles con la trata de personas.
El caso, ocurrido en Córdoba a fines de 2024, destapó una trama de explotación que combina la vulnerabilidad económica de mujeres locales con el poder adquisitivo de extranjeros que buscan “vientres disponibles” en el sur del mundo.
El caso que conmocionó a Córdoba
Una mujer argentina, reclutada por el grupo de Facebook Gestación Solidaria Argentina, dio a luz en el Sanatorio Allende a un bebé con problemas neurológicos. Había firmado un contrato con una ciudadana francesa para gestar al niño a cambio de entre 10.000 y 15.000 dólares, además de cobertura médica y vivienda temporal. Pero al nacer el bebé con complicaciones, la contratante se negó a recibirlo, alegando que el acuerdo estipulaba la entrega de un “bebé sano”.
La mujer gestante, al ser consultada por las autoridades, declaró fríamente: “No soy la madre, solo alquilé mi útero”. El hospital notificó a la justicia y el niño quedó bajo tutela estatal, convertido en víctima inocente de un contrato fallido que lo dejó sin madre ni patria.
Una red internacional de explotación reproductiva
La investigación, liderada por la fiscal Alejandra Mangano, apunta a la empresa Sudamérica Surrogant, dirigida por la médica Ester Núñez, como centro operativo de una red que vinculaba a mujeres argentinas con clientes extranjeros. El expediente judicial ya supera las 100 páginas e incluye 48 denuncias previas por actividades similares.
Los procedimientos se realizaban con el apoyo de clínicas privadas como Cegyr, y se promocionaban abiertamente en redes sociales, donde mujeres en situación precaria ofrecían su cuerpo como “vehículo” de gestación. Detrás de la fachada de “solidaridad”, lo que emerge es un esquema de trata y explotación que convierte a las mujeres en instrumentos biológicos y a los bebés en bienes con precio de mercado.
Un problema ético y legal
En Argentina, la gestación subrogada comercial está prohibida desde 2019, lo que no ha impedido que este tipo de redes operen en los márgenes del sistema, amparadas en contratos privados y vacíos jurídicos.
La situación refleja un fenómeno global: el “turismo reproductivo”, donde parejas europeas o norteamericanas recurren a países del sur para conseguir vientres más “baratos”. Argentina, junto con países como Ucrania o Tailandia antes de sus prohibiciones, se ha convertido en un destino para estas prácticas, en las que el cuerpo femenino y la vida del niño se someten a las reglas del mercado.
Bebés bajo contrato
El elemento más perturbador del caso es la forma en que se aplica la lógica comercial a la vida humana. El bebé rechazado en Córdoba no fue un accidente del sistema, sino su consecuencia directa. Cuando un contrato define que un niño debe nacer “sano” o con ciertas características, se consagra una forma de eugenesia económica: los bebés se vuelven productos con garantía de calidad, y los defectuosos se “devuelven”.
Diversas organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han advertido que la gestación subrogada comercial puede facilitar la trata infantil, especialmente en contextos donde las mujeres carecen de protección legal o apoyo estatal.
El desafío para Argentina y el mundo
El escándalo ha reavivado el debate sobre la necesidad de una legislación más clara y estricta. Si bien el país ya prohíbe la subrogación comercial, la falta de controles efectivos y la permisividad de las redes sociales permiten que estos circuitos sigan activos.
Argentina enfrenta ahora el reto de cerrar las grietas legales que permiten que la pobreza y el deseo legítimo de maternidad ajena se transformen en negocio. Pero el problema trasciende fronteras: es parte de una industria global donde las vidas se convierten en mercancía y los vientres en fábricas de deseo ajeno.
El escándalo argentino desnuda la hipocresía de un sistema que habla de derechos reproductivos, pero en la práctica institucionaliza una nueva forma de trata. Frente a ello, se impone una respuesta internacional que priorice la dignidad humana sobre el lucro, porque ninguna tecnología ni contrato debería tener poder sobre el valor intrínseco de una vida.
