Argentina denuncia ante la Corte Penal Internacional la detención y desaparición de Nahuel Gallo en Venezuela

El Gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, ha presentado una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la detención arbitraria y desaparición forzada del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela.

Gallo, de 33 años, fue arrestado el 8 de diciembre al ingresar desde Colombia al estado venezolano de Táchira, donde planeaba visitar a su esposa e hijo.

La Cancillería argentina emitió un comunicado el 2 de enero, calificando la detención del gendarme como una «violación grave y flagrante de los derechos humanos» y señalando al fiscal general venezolano, Tarek William Saab, en relación con el caso.

El comunicado subraya que este incidente refleja un «patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad» en Venezuela, que caen bajo la jurisdicción de la CPI.

En respuesta, el canciller venezolano, Yván Gil, rechazó la denuncia argentina, calificándola de «espectáculo penoso» y acusando al Gobierno de Milei de ignorancia y falta de seriedad en asuntos internacionales.

El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, confirmó la detención de Gallo, acusándolo de conspiración, terrorismo, financiación al terrorismo y asociación ilícita.

Según Saab, el gendarme intentó ingresar irregularmente a Venezuela ocultando su «verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental». Afirmó además que Gallo se encuentra en buen estado de salud y que su integridad ha sido respetada conforme a la ley y la Constitución venezolanas.

El mismo día de la presentación del gobierno ante la CPI, el régimen venezolano difundió imágenes de Gallo en un centro penitenciario.

La detención del uniformado ha intensificado las tensiones diplomáticas entre Argentina y Venezuela, especialmente después de que ambos países rompieran relaciones en julio de 2024, cuando el líder venezolano Nicolás Maduro expulsó a diplomáticos de naciones que desconocieron los resultados electorales que lo reeligieron.

El Gobierno argentino ha manifestado su compromiso de utilizar todos los recursos legales y diplomáticos disponibles para garantizar los derechos de Nahuel Gallo y exigir justicia internacional. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha declarado que Gallo «no es un terrorista» y ha cuestionado las acusaciones del Gobierno venezolano.

La Justicia argentina también ha intervenido en el caso. La Cámara Federal de Mendoza exhortó a las autoridades venezolanas a informar de inmediato sobre el paradero de Gallo, los motivos de su detención y a disposición de qué autoridad judicial se encuentra. Además, instó a que se facilite el contacto de Gallo con sus familiares y se le brinde asesoramiento legal.

Este caso ha generado preocupación en la comunidad internacional sobre las condiciones de detención en Venezuela, donde, según la ONG Foro Penal, hay 19 extranjeros considerados presos políticos.