Argentina deberá afrontar el pago de US$16.000 millones por estatización de YPF en la gestión peronista

La justicia estadounidense ha rechazado el pedido de prórroga de 30 días presentado por Argentina en el marco del multimillonario juicio por la expropiación de YPF. La jueza Loretta Preska, que condenó al país a pagar la abrumadora suma de US$16.000 millones, estableció como fecha límite el 10 de enero para el depósito de acciones de la petrolera como garantía. Caso contrario, los demandantes del juicio por la expropiación de YPF quedarían habilitados para solicitar embargos.

En un comunicado, los abogados argentinos argumentaron: «Por las condiciones económicas muy difíciles y la necesidad de implementar reformas urgentes, la Argentina no está en condiciones de comprometer activos como depósito de garantía por US$16.000 millones». No obstante, la jueza Preska ha expresado su sorpresa ante el pedido de prórroga, destacando la crítica situación y la necesidad de atención inmediata por parte del nuevo Gobierno de Javier Milei.

Este capítulo legal tiene sus raíces en la estatización de YPF en 2012, un proceso liderado por el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, cuyos errores estratégicos han dejado al país ante una de las sentencias más cuantiosas en la historia judicial internacional. La negligencia en considerar cláusulas fundamentales en la privatización de YPF en 1993, que exigían una oferta por el total de las acciones en caso de adquisición de una porción de control, se ha convertido en el talón de Aquiles para Argentina.

El fallo adverso de septiembre de este año emitido por la jueza Preska, se basa en las demandas presentadas por el fondo buitre Burford Capital Limited, aprovechando errores en el proceso de estatización de YPF al comprar las acciones al grupo Petersen, de la familia Eskenazi, y desprolijidades en la gestión de Kicillof. En aquel entonces, el hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires,  declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar’ sus estatutos”. 

Sin duda la estatización, lejos de fortalecer la posición argentina, ha abierto la puerta a reclamos millonarios.

La cronología de este embrollo judicial remonta a abril de 2015, cuando Burford presentó la demanda en la Corte de Distrito Sur de Nueva York. La situación se agrava con la proximidad del plazo de pago, el 10 de enero y el rechazo del pedido de prórroga, dejando al país en una encrucijada financiera en medio de la profunda crisis económica y social que atraviesa el país.

La administración de Milei, recién comenzando su mandato, tiene que barajar cómo enfrentar las obligaciones judiciales de YPF que valen más que la propia empresa, generadas como consecuencia haberse quedado con el 51% de la misma sin respetar los estatutos.