Argentina busca frenar la entrega del 51% de YPF y apela fallo en EE.UU.
El Gobierno argentino presentó una apelación formal ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York contra el fallo de la jueza Loretta Preska, que ordenaba transferir el control accionario mayoritario de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park. La decisión busca frenar la cesión del 51% de las acciones Clase D de la petrolera estatal, en el marco del litigio por la expropiación de 2012.
La presentación fue realizada el 9 de julio por el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, que representa al Estado argentino. Con esta medida, el Gobierno busca agotar todas las instancias judiciales y evitar cualquier tipo de acuerdo extrajudicial.
Una estrategia anticipada
La apelación fue presentada antes de que la jueza Preska resolviera el pedido de suspensión (stay) del fallo que ordena la entrega de las acciones. Según explicó Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, la estrategia se aparta del camino habitual: «Lo lógico habría sido esperar la resolución sobre la suspensión para después avanzar con la apelación, pero Argentina se adelantó».
Origen de la disputa
La demanda se originó tras la forma en que el gobierno de Cristina Kirchner expropió YPF en 2012, mientras Axel Kicillof era Ministro de Economía. En septiembre de 2023, Preska falló en contra de Argentina, obligándola a pagar 16.000 millones de dólares a los fondos demandantes, que habían adquirido derechos legales de antiguos accionistas.
Además del reclamo económico, Burford busca ejecutar la sentencia exigiendo la entrega directa del paquete accionario estatal en YPF. Si la jueza Preska condiciona la suspensión del fallo al depósito de garantías y Argentina no cumple antes del próximo lunes, el país podría incurrir en desacato, lo que afectaría gravemente su imagen internacional y complicaría la atracción de inversiones y el acceso al financiamiento externo.
Estrategia oficial y tensiones internas
Desde la Casa Rosada remarcan que no habrá ningún tipo de negociación extrajudicial. «La estrategia es 100% judicial. Vamos a agotar todas las instancias posibles y no vamos a renunciar a nuestro derecho a la defensa», aseguraron fuentes cercanas al Presidente.
El Gobierno también denuncia la existencia de «buitres domésticos» que, según su visión, estarían colaborando con los fondos internacionales por motivaciones políticas o económicas.
Como parte de la estrategia, Argentina buscará que el gobierno de Estados Unidos emita una opinión formal ante el tribunal, replicando lo ocurrido en 2023 durante la administración de Joe Biden.
