Agreden a periodista argentino en medio de caóticas manifestaciones en Jujuy

Incidentes violentos estallaron en las calles de Jujuy, Argentina, este martes, a raíz de la aprobación de la reforma constitucional provincial. Un gran grupo de manifestantes se congregó y atacó el edificio de la Legislatura provincial después de una sesión especial en la que se votó la reforma parcial de la Constitución.

Durante los disturbios, se erigieron barricadas, se lanzaron piedras a la policía local y se perpetraron ataques contra establecimientos comerciales, además de agresiones contra periodistas que cubrían los acontecimientos.

En medio del caos, el periodista Santiago Martella de Todo Noticias (TN) recibió un impacto de una piedra en el rostro y continuó transmitiendo en vivo con la cara ensangrentada.

«A pesar de todo, nos reubicamos y tuvimos que cruzar el río por otro lado. Estamos bien, aunque recibí un golpe en la cara con una piedra. Queremos transmitir calma», informó el reportero.

Posteriormente, Martella señaló que él no fue el único objetivo de los proyectiles, ya que otro miembro del equipo móvil también resultó herido por una piedra.

«Nuestro compañero Bruno Mazzitelli también fue golpeado con una piedra, pero todos estamos bien. Sin embargo, parece que esto no ha terminado», comentó Martella.

Sin embargo, cuando parecía que las agresiones contra la prensa habían cesado, otro grupo de manifestantes se aproximó para golpear al periodista y a sus colegas, lo que obligó al equipo a moverse en diferentes direcciones para escapar de la violencia.

En cuanto a la reforma constitucional en Jujuy, la Asamblea Constituyente juró la aprobación de la reforma parcial de la Carta Magna provincial, impulsada por el gobierno de Gerardo Morales. Esta reforma prohíbe los cortes de rutas y calles, así como la ocupación de edificios públicos.

Según la Agencia EFE, también garantiza el derecho a la reunión y manifestación pacíficas y sin armas. Además, reconoce la existencia previa de las comunidades originarias y los pueblos indígenas, aunque establece que el Estado es responsable de reconocer su personería jurídica y la tenencia comunitaria de las tierras.

Los críticos de la reforma argumentan que esta afecta los derechos de las comunidades indígenas y el derecho a la protesta.