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Adiós al INADI: el paquete de leyes que Milei envió al Congreso incluye la eliminación del polémico organismo

Una de las promesas de campaña de Milei, además de privatizar o cerrar todas las empresas públicas, se dirigía también hacia Télam, TV Pública, INCAA, INADI y "todos los demás organismos que se utilizan como refugio de ñoquis de la política".
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El presidente Javier Milei ha enviado al Congreso un paquete de leyes que detallan las principales medidas que pretende implementar en la primera etapa de su gestión, marcando una ambiciosa reforma del Estado. Esto se produce apenas una semana después de la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que introdujo cambios económicos significativos. El paquete incluye medidas en materia impositiva y administrativa, con una reducción sustancial del tamaño del Estado.

Aunque algunas de las propuestas ya se habían anticipado durante la campaña, Milei ha incluido medidas más audaces de lo esperado, como permitir a las universidades públicas cobrar aranceles a extranjeros no residentes, el cierre del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) y la reubicación de empleados públicos.

En términos regulatorios, el Gobierno busca establecer el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, absorbiendo funciones del ENRE y ENARGAS, y derogar la ley que creó el INADI. Cabe señalar que muchos analistas, como por ejemplo el politólogo Agustín Laje, han descrito al INADI como un organismo de control ideológico de izquierda.

El nuevo paquete también propone transferir la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en tres años.

En el ámbito educativo, se plantea la posibilidad de que universidades estatales cobren aranceles a estudiantes extranjeros y nacionales no residentes, con la condición de que puedan optar a becas. Se propone un cambio en el sistema de financiamiento de estas instituciones.

En el ámbito laboral, se establece una «situación de disponibilidad» para los empleados estatales de planta permanente cuyos cargos se eliminen por medidas de reestructuración. Durante 12 meses, recibirán remuneración y podrán capacitarse o realizar tareas tercerizadas. Pasado ese período, los empleados no vinculados a nuevos trabajos serán desvinculados con una indemnización.

Como parte de la reforma del Estado, se impulsa la simplificación y digitalización administrativa, con la obligación de realizar trámites a través de medios electrónicos en el Sector Público Nacional.

En cuanto a las jubilaciones, se suspende la fórmula jubilatoria actual, permitiendo ajustes automáticos con criterios de equidad y sustentabilidad económica hasta que se establezca una nueva fórmula.

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