Acusan a congresista demócrata de soborno: Habría recibido 600.000 dólares para beneficiar a un banco mexicano y Azerbaiyán

El representante estadounidense Henry Cuéllar (D-Tx) y su esposa fueron acusados de aceptar presuntamente cerca de 600.000 dólares en sobornos en dos tramas destinadas a beneficiar a una empresa energética estatal de Azerbaiyán y a un banco anónimo con sede en México, según se desprende de documentos judiciales.

La acusación federal, presentada por un gran jurado en Texas el martes y publicada el viernes, dice que los sobornos fueron blanqueados a través de contratos de consultoría falsos en empresas fantasma propiedad de Imelda Cuéllar, la esposa del congresista demócrata, desde diciembre de 2014 hasta al menos noviembre de 2021.

A cambio, dice que Henry Cuéllar trató de utilizar su posición pública para influir en la política exterior de Estados Unidos a favor de Azerbaiyán y para presionar a funcionarios del gobierno de Estados Unidos para que ayudaran al banco mexicano a presionar contra las políticas de aplicación contra el lavado de dinero y las regulaciones de préstamos de día de pago que amenazaban su negocio.

Antes de que se desvelaran los cargos, Cuéllar emitió un comunicado en el que negaba las acusaciones.

«Tanto mi esposa como yo somos inocentes de estas acusaciones», afirmó el legislador.

Cuéllar, uno de los demócratas más conservadores de la Cámara de Representantes, aspira a un undécimo mandato de dos años en las elecciones del 5 de noviembre. Representa a un distrito de Texas fronterizo con México que incluye Laredo y partes de San Antonio.

El escrito de acusación, de 54 páginas, identifica al banco únicamente como «Foreign Bank-1», una institución con sede en Ciudad de México que realiza préstamos de corto plazo en EE. UU. y forma parte de un holding financiero y minorista mexicano que también es propietario de una empresa mexicana de medios de comunicación.

Eso parece coincidir con el Grupo Salinas, un conglomerado en expansión controlado por el multimillonario mexicano Ricardo Salinas, cuyo imperio empresarial incluye al Banco Azteca. La acusación también proporciona detalles de identificación de un ejecutivo bancario que parece coincidir con un ejecutivo de Banco Azteca recientemente retirado.

«En este momento, no tenemos información al respecto», dijo a Reuters por correo electrónico Luciano Pascoe, ejecutivo de Grupo Salinas, en respuesta a una solicitud de comentarios.

Cuéllar dejará de ser el miembro de mayor rango del subcomité de Asignaciones de Seguridad Nacional mientras el caso esté pendiente, dijo un portavoz del líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

La casa y la oficina de campaña de Cuéllar en Laredo fueron registradas por las fuerzas de seguridad federales en enero de 2022, cuando Cuéllar ejercía de copresidente del Grupo del Congreso para Azerbaiyán.

Cuando ostentaba ese cargo, él y otros miembros del Congreso firmaron una carta instando al Congreso a proporcionar apoyo humanitario para ayudar a las personas desplazadas tras la guerra entre Azerbaiyán y Armenia.

La acusación cita el apoyo de Cuéllar a la financiación de Azerbaiyán y un discurso a favor de Azerbaiyán que pronunció en la Cámara, entre otras acciones.

Cuellar dijo en su declaración que había solicitado asesoramiento jurídico a la Comisión de Ética de la Cámara y a un bufete de abogados nacional.

«Solicitamos una reunión con los fiscales de Washington D. C. para explicarles los hechos y se negaron a discutir el caso con nosotros o a escuchar nuestra versión», añadió.

Según el Departamento de Justicia, Cuéllar y su esposa comparecieron por primera vez el viernes ante un juez federal de Houston. Quedaron en libertad bajo fianza.

Cada uno se enfrenta a 14 cargos, entre ellos conspiración, soborno, fraude electrónico de servicios honestos, ser un funcionario público que actúa como agente de un mandante extranjero y blanqueo de dinero.

Varios de los cargos conllevan un máximo legal de 20 años de prisión.

Cuéllar no es el único miembro del Congreso que se enfrenta a cargos federales.

El senador demócrata Bob Menéndez está a la espera de juicio por cargos de corrupción en Nueva York, mientras que el republicano George Santos fue expulsado el año pasado de la Cámara mientras espera juicio por cargos de violación de las leyes de financiación de campañas.

Tanto Menéndez como Santos niegan haber cometido delitos.

(Reuters)