26 inmuebles y más: la Justicia argentina subastará los bienes de Cristina Kirchner y su círculo

La Justicia argentina ordenó que se efectivice la subasta de los bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus allegados, como parte de la ejecución del decomiso dispuesto en la causa Vialidad.

Esta decisión, que busca recuperar una suma millonaria estimada en hasta 500 millones de dólares, marca un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en el país y pone fin a las aspiraciones políticas de una de las figuras más influyentes de las últimas décadas.

Contexto de la causa Vialidad

La causa Vialidad, cuya sentencia fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia el 10 de junio de 2025, condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta agravada, junto con una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo también incluyó a otros ocho condenados, entre ellos el empresario Lázaro Báez, acusado de ser el principal beneficiario de un esquema de corrupción que involucró la asignación irregular de 51 contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2007 y 2015. Según la Justicia, estas obras, adjudicadas a empresas de Báez, presentaron sobreprecios y, en muchos casos, quedaron inconclusas, causando un perjuicio al Estado de aproximadamente 84.000 millones de pesos (unos 500 millones de dólares a valores actualizados).

El Tribunal Oral Federal N.º 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, ordenó el decomiso de esta suma, que ahora debe ser actualizada por peritos tasadores de la Corte Suprema para reflejar el valor actual de los activos. Una vez finalizado este informe, los condenados tendrán un plazo de 10 días hábiles para restituir el monto. De no hacerlo, se procederá a la subasta pública de sus bienes, un proceso similar al que se llevó a cabo en la causa Cuadernos con los autos de Daniel Muñoz, exsecretario de Néstor Kirchner.

Los bienes en la mira

La lista de los activos a subastar incluye un total de 26 inmuebles de la familia Kirchner, distribuidos entre dos propiedades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 en Santa Cruz, además de dos departamentos de lujo y cocheras en el exclusivo edificio Madero Center de Puerto Madero. También se encuentra bajo escrutinio el departamento en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, donde Cristina Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria, una situación que ha generado controversia, ya que la Justicia considera viable subastar incluso esta propiedad.

Además, se incluyen tres empresas familiares: Hotesur, Los Sauces y COMA S.A., que han sido señaladas en otras causas por presunto lavado de dinero. Entre los activos financieros, destacan 4,6 millones de dólares en efectivo pertenecientes a Florencia Kirchner, junto con otro millón en una cuenta bancaria a su nombre. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola han argumentado que los bienes transferidos a los hijos de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, forman parte de una maniobra de «insolvencia fraudulenta» para evadir embargos, por lo que también son susceptibles de decomiso.

Por su parte, Lázaro Báez enfrenta la ejecución de al menos 60 propiedades, principalmente en el sur del país, valuadas en unos 120 millones de dólares. Sin embargo, este monto debe distribuirse entre varias causas, incluyendo una por lavado de dinero en la ruta del dinero K.

El decomiso ordenado en la causa Vialidad no solo busca reparar el daño económico causado al Estado, sino que también establece un precedente en la justicia argentina al incorporar un componente reparador en casos de corrupción. Los fiscales han enfatizado que los recursos defraudados debieron destinarse a áreas críticas como educación, salud y justicia, y que la ejecución debe priorizarse en esta causa, dado que fue la primera en obtener sentencia firme.

Desde el punto de vista político, la condena y el decomiso representan un golpe definitivo a las aspiraciones electorales de Cristina Kirchner, quien a sus 71 años había expresado intenciones de postularse a un cargo legislativo en las próximas elecciones provinciales. La inhabilitación perpetua y la posible pérdida de su patrimonio cierran un capítulo en su carrera como figura central del peronismo contemporáneo.

Desafíos para la justicia

Uno de los principales desafíos para la Justicia será determinar el valor actualizado del decomiso y garantizar que los bienes embargados sean suficientes para cubrir el perjuicio al Estado. Según la última declaración patrimonial de Cristina Kirchner, presentada en 2023, su patrimonio asciende a 249 millones de pesos (unos 505.000 dólares tras ajustes inflacionarios), una cifra significativamente menor a la requerida. Esto ha llevado a especulaciones sobre posibles maniobras de insolvencia, especialmente por las transferencias de bienes a sus hijos en 2016, tras dejar la presidencia.

Además, el proceso de subasta enfrenta complicaciones logísticas, ya que muchos de los bienes están embargados en otras causas, como Hotesur y Los Sauces, lo que podría generar conflictos jurisdiccionales. No obstante, los fiscales sostienen que la ejecución debe priorizarse en la causa Vialidad, dado su carácter de sentencia firme.