15 naciones condenan los abusos de derechos humanos de China en reunión de la ONU
El 20 de noviembre, en la reunión del Tercer Comité (Comité Social, Humanitario y Cultural) de la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, 15 países de Europa, Asia-Pacífico, América y Oceanía se unieron de manera inusual para presentar y leer públicamente una declaración conjunta sobre la situación de los derechos humanos en China. La declaración expresó “profunda preocupación” por las continuas y sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas por el Partido Comunista Chino (PCCh) tanto dentro como fuera de sus fronteras, e hizo un llamado claro a la acción.
La declaración, firmada conjuntamente por Albania, Australia, la República Checa, Estonia, Israel, Japón, Letonia, Lituania, Macedonia del Norte, Palaos, Paraguay, San Marino, Ucrania, Estados Unidos y el Reino Unido, acusó directamente a las autoridades comunistas de China de cometer “graves abusos de derechos humanos”, incluyendo específicamente:
- Detenciones arbitrarias y trabajo forzado;
- Vigilancia ilegal, generalizada y arbitraria;
- Restricciones sistemáticas a la libertad religiosa y a las actividades culturales;
- Represión dirigida contra minorías étnicas y religiosas, especialmente uigures y otras minorías musulmanas, tibetanos, cristianos y practicantes de Falun Gong, incluyendo el envío forzoso de niños a internados separados de sus familias, torturas y destrucción del patrimonio cultural y religioso.
La declaración destacó la situación en Hong Kong, señalando que las libertades civiles y el Estado de derecho han sido gravemente erosionados. Las autoridades de Beijing incluso han realizado persecuciones transfronterizas y ofrecido recompensas por disidentes fuera de Hong Kong, lo que supone una amenaza directa a la libertad de expresión.
Los 15 países enfatizaron que, tanto en línea como fuera de ella, el PCCh utiliza la censura estatal y la maquinaria de vigilancia para controlar el flujo de información y suprimir el discurso público, castigando a cualquiera que desafíe la narrativa oficial. Periodistas, defensores de derechos humanos, abogados y otros grupos continúan enfrentando represión, mientras que las operaciones transfronterizas generan un “clima de miedo que silencia a los críticos” a nivel global. Estas acciones no solo socavan gravemente la confianza internacional, sino que también contradicen los principios fundamentales de la estabilidad global y el progreso humano.
La declaración presentó dos demandas claras al PCCh:
- Liberar inmediata e incondicionalmente a todas las personas detenidas injustamente por ejercer derechos humanos y libertades fundamentales;
- Cumplir plenamente con las obligaciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados internacionales de derechos humanos firmados.
Violaciones de derechos humanos bien documentadas
Los 15 países también pidieron a todos los Estados miembros de la ONU que tomen medidas colectivas, instando al PCCh a abordar las numerosas y bien documentadas violaciones de derechos humanos y a promover mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Cabe destacar que los países que impulsaron la declaración conjunta abarcan múltiples regiones y líneas ideológicas: Estados miembros de la OTAN y la Unión Europea, democracias clave en Asia-Pacífico y países con posturas históricamente independientes en materia de derechos humanos, como Israel, Palaos y Paraguay. Esto demuestra que la preocupación internacional por el deterioro de los derechos humanos en China ha trascendido las divisiones geopolíticas tradicionales, formando un consenso cada vez más amplio.
De América Latina -donde el régimen chino ha logrado infiltrarse astutamente- solo Paraguay se unió a la declaración.
En los últimos años, la evaluación de 2022 del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre Xinjiang, varios informes de relatores especiales y pruebas de numerosas ONG y testigos exiliados han señalado que las políticas del PCCh en Xinjiang podrían constituir “crímenes de lesa humanidad”. Mientras tanto, desde la implementación de la Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong, las detenciones masivas de figuras prodemocracia, el cierre de medios y la reducción del espacio cívico han profundizado la preocupación internacional de que “un país, dos sistemas” ha colapsado de facto.
Esta declaración conjunta de 15 países es vista como otra acción colectiva contundente sobre el historial de derechos humanos de China en la ONU, tras una declaración anterior liderada por Canadá sobre Xinjiang, firmada por 50 países. Diplomáticos señalan que, a medida que más países se rehúsan a guardar silencio sobre los derechos humanos, futuras iniciativas conjuntas similares contra el PCCh probablemente contarán con una participación aún más amplia, lo que podría derivar en proyectos de resolución más vinculantes en el Consejo de Derechos Humanos o en sesiones plenarias de la Asamblea General.
En la reunión del Tercer Comité, la declaración conjunta recibió aplausos de varios representantes de países y ONG. La delegación china, como de costumbre, acusó a los países implicados de “interferir en los asuntos internos de China bajo el pretexto de los derechos humanos” y afirmó que la situación de los derechos humanos en China está “en su mejor momento histórico”.
Sin embargo, la declaración enfatizó en su conclusión: “Los derechos humanos y las libertades fundamentales son la piedra angular de un gobierno legítimo y de la confianza global”. Cuando un país viola persistente y sistemáticamente estos valores universales, no solo se perjudica gravemente a sus ciudadanos, sino que también se socava la base de la confianza y la cooperación internacional.
La acción de estos 15 países señala que, en la defensa de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales, el silencio y la concesión ya no son opciones.
